Resolución Nº 715 de Secretaría General de la Comunidad Andina

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Emisor: Secretaría General de la Comunidad Andina
• Fecha de publicación: 22 Abril 2003
• Número de registro: 715
• Número de resolución: 715
• Año: 2003
• Número de Gaceta: 920
• Sección: Resoluciones

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RESOLUCIONES

2 de abril de 2003

2.15.19

RESOLUCION 715

CALIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAMBIARIAS ADOPTADAS POR LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, COMO RESTRICCIÓN PARA EFECTOS DEL PROGRAMA DE LIBERACIÓN

RESOLUCION 715

Calificación de las medidas cambiarias adoptadas por la República Bolivariana de Venezuela, como restricción para efectos del Programa de Liberación

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS:El artículo 30, el Capítulo V y el artículo 107 del Acuerdo de Cartagena sobre Programa de Liberación, en su texto codificado a través de la Decisión 406 de la Comisión, el artículo 13 del Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena, denominado “Protocolo de Sucre”, y el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y;

CONSIDERANDO: Que, mediante comunicación 91/DININ, de fecha 25 de febrero de 2003, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad del Ecuador se dirigió a la Secretaría General para expresar su preocupación por los efectos sobre sus exportaciones de las medidas cambiarias decretadas por el gobierno venezolano, mediante las cuales se suspendieron las transacciones de divisas y se impuso un control del tipo de cambio. El Gobierno del Ecuador solicitó a la Secretaría General “realizar las gestiones correspondientes a fin de que el gobierno venezolano cumpla con la normativa jurídica andina, de no restringir el libre comercio” entre los países;

Que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 73 del Acuerdo de Cartagena, en su texto codificado a través de la Decisión 406 de la Comisión, y 49 y 50 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, mediante comunicación SG-F/2.15.19/ 295/2003, del 27 de febrero de 2003, dirigida al Gobierno de Venezuela, la Secretaría General dio inicio a la investigación por los hechos denunciados y concedió a dicho gobierno un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, para que informara sobre la veracidad de la situación denunciada y, en particular, sobre la adopción de un dispositivo legal que establecería un control de cambios que pudiera estar dificultando las importaciones venezolanas desde los demás Países Miembros;

Que, mediante comunicación SG-F/2.15.19/294/2003, del 27 de febrero de 2003, la Secretaría General se dirigió al Gobierno del Ecuador con el fin de solicitarle información complementaria respecto de la situación denunciada;

Que el 25 de marzo de 2003, a través del fax FDVMC/DGCE/DREI/03/2003, el Gobierno de Venezuela dio respuesta a la comunicación de la Secretaría General, señalando que, en su opinión, las medidas adoptadas resultaban necesarias para “lograr la estabilidad de la moneda, asegurar la continuidad de los pagos internacionales del país y contrarrestar los movimientos inconvenientes de capital”. El gobierno venezolano agregó que la implementación del instrumento de política cambiaria “se hizo bajo circunstancias excepcionales” y que “se tiene previsto mantenerlo con un carácter transitorio, hasta que los efectos perniciosos causados a la economía nacional… desaparezcan”. Concluyó señalando que las medidas extraordinarias “son totalmente compatibles con lo dispuesto en el Acuerdo de Cartagena y, en especial, con el objetivo” de disminuir la vulnerabilidad externa de los Países Miembros, mejorando su posición en el contexto económico internacional. La comunicación del gobierno venezolano fue puesta en conocimiento de los demás Países Miembros, a través del fax SG-F/2.15.19/370/2003, del 26 de marzo de 2003;

Que, mediante comunicación 278-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI, del 31 de marzo de 2003, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú denunció que el régimen de control de divisas que ha puesto en vigencia el gobierno venezolano establece limitaciones y restricciones a las transacciones comerciales internacionales y afecta gravemente las exportaciones peruanas. El Gobierno del Perú añadió que ciertas empresas peruanas, entre las cuales algunas que identificó, “se han visto seriamente perjudicadas por el citado régimen, ya que los bienes que ellas comercializan no se encuentran dentro de las listas oficiales de Venezuela de importación prioritaria”. En su comunicación, el gobierno peruano agregó que la conducta venezolana contravendría el ordenamiento jurídico andino, en especial el Capítulo V del Acuerdo de Cartagena, solicitando a la Secretaría General que iniciara un procedimiento para la calificación de restricciones al amparo de las facultades que le han sido establecidas en el ordenamiento comunitario;

Que, a través de la comunicación SG-F/2.15.19/540/2003 del 8 de abril de 2003, la Secretaría General se dirigió al Gobierno de Venezuela, concediéndole un plazo de cinco días hábiles a fin de que se pronunciara sobre los argumentos presentados por las Repúblicas del Ecuador y del Perú; así como para que diera a conocer los elementos de información que considerara pertinentes acerca del funcionamiento del sistema y de su aplicabilidad para los pagos relacionados con importaciones de productos originarios de la Comunidad Andina y cualquier otro aspecto que considerara relevante. La comunicación al gobierno venezolano fue puesta en conocimiento de los Gobiernos de Ecuador y Perú a través de los faxes SG-F/2.15.19/542/2003 y SG-F/2.15.19/543/2003, respectivamente, del 8 de abril de 2003, así como de los Gobiernos de Bolivia y Colombia, a través del fax SG-X/2.15.19/431/2003 de la misma fecha;

Que el 16 de abril de 2003, a través del fax FDVMC/DGCE/DREI/03, el Gobierno de Venezuela respondió la nueva comunicación de la Secretaría General, señalando que, en su opinión, “un control de cambio no es un instrumento necesariamente incorrecto… su efectividad dependerá de las causas que lo han hecho necesario, de los objetivos de su aplicación y de la forma en que opera en la práctica”. El gobierno venezolano expuso...