PROCESO 69-AN-2002 (AUTO)

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 895
• Número de registro: 69-AN-2002
• Fecha de publicación: 11 Febrero 2003
• Sección: Procesos
• Año: 2003
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 69-AN-2002

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los treinta y un días del mes de enero de dos mil tres.

VISTOS:

El escrito SG-C/1.8/1507/2002 de octubre 2 de 2002 por medio del cual, la Secretaría General de la Comunidad Andina, al contestar la demanda incoada contra ella por la República del Perú, en el proceso de la referencia, propuso excepción previa con base en lo dispuesto en el Artículo 61 del Estatuto del Tribunal, alegando fundamentalmente que las Resoluciones demandadas en acción de nulidad no pueden ser objeto de la misma por la naturaleza que las caracteriza de ser meros actos de trámite, afirmando que “a pesar de plasmarse formalmente en una resolución, por así disponerlo expresamente la Decisión 283, constituye un pronunciamiento inicial que no prejuzga ni decide frontal ni colateralmente el fondo del asunto. Se trata en consecuencia, de un acto de ordenación del procedimiento .....”;

El auto de 23 de octubre del 2002 mediante el cual se decidió admitir a trámite la excepción planteada por la demandada y darle traslado de la misma a la parte demandante;

El oficio Nº 77-2002-MINCETUR/VMCE, del 4 de noviembre del 2002, suscrito por el Doctor Antonio Ferrero Diez Canseco, Vice Ministro de Comercio Exterior de la República del Perú, visible de folios 174 a 178 del expediente, mediante el cual el referido País Miembro descorre el traslado manifestando su oposición a la prosperidad de la excepción previa y en el que luego de formular sus consideraciones jurídicas y fácticas relativas a ella, concluye afirmando que: “1. Los argumentos de la Secretaría General de la CAN sobre los procedimientos administrativos y los actos administrativos son en si mismos correctos, pero no se aplican al caso materia de la demanda de nulidad. 2. La naturaleza del procedimiento seguido en las investigaciones para la imposición de derechos antidumping, es la de un derecho administrativo sancionador, el mismo que tiene las características de poseer todas las garantías procesales que el derecho penal. 3. Por otro lado, una resolución de inicio de investigación de un procedimiento para la imposición de derechos antidumping, no puede ser considerada un acto de mero trámite. 4. En consecuencia, consideramos que la Resolución 596 de la Secretaría...