PROCESO 107-IP-2000

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 107-IP-2000

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 87, 88 y 91, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 90 ibídem. Proceso Interno No. 5913. Actor: LOVELAND INDUSTRIES, INC. Marca: "KENCARE (nominativa)".

Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

V I S T O S:

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, razón por la cual previamente fue admitida a trámite mediante auto del treinta y uno de enero del año dos mil uno.

  1. ANTECEDENTES.

    1.1. Las partes y el objeto de la demanda.

    Comparece en el juicio interno, como demandante la sociedad: LOVELAND INDUSTRIES, INC., en acción de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

    Se pretende la nulidad de las Resoluciones Nº 13279 de 24 de julio de 1998, “por la cual se rechaza una solicitud de registro de una marca”; 04479 de 17 de marzo de 1999, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”; y, 10746 de 9 de junio de 1999, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas todas ellas por la mencionada Superintendencia.

    1.2. Hechos relevantes y fundamentos de la acción.

    Se resumen en que la sociedad actora solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca KENCARE (nominativa) para distinguir parcialmente productos de la clase 5ª sin que a la solicitud de registro se hubiere acompañado, según el resumen de los hechos realizado por el juez consultante, el documento poder para adelantar la actuación. Ante ello la Superintendencia otorgó un término de 30 días hábiles para que se subsanara dicha falla, habiendo sido este término prorrogado por 30 días más a petición de la solicitante.

    Manifiesta la actora que dentro del término concedido presentó los documentos requeridos, incluso con la traducción oficial de los mismos, pero que la Superintendencia expidió resolución rechazando la solicitud de registro argumentando para ello que la traducción de los documentos aportados no estaba avalada por la oficina de legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores conforme lo señala el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil Colombiano.

    Contra la resolución denegatoria se interpusieron los recursos de reposición y de apelación los cuales fueron resueltos en forma desfavorable.

    La sociedad actora alega que la exigencia del aval de la traducción del poder por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores es un requisito adicional no contemplado ni en la legislación andina, ni en el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil que se cita como fundamento de la negativa a conceder el registro.

    1.3. Contestación de la demanda.

    La Superintendencia dio respuesta a los cargos formulados por la demandante afirmando la legalidad de los actos administrativos cuestionados y manifestando que de conformidad con el artículo 91 de la Decisión 344 de la Comisión si las irregularidades señaladas al solicitante no se subsanan en el tiempo oportuno la solicitud será rechazada.

  2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

    El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el...

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